La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que el Gobierno debe hacer un seguimiento oportuno y constante a la situación del Cauca, para brindar a las comunidades del departamento y sus municipios la protección adecuada ante las emergencias humanitarias que se registran actualmente.

Así lo dijo la jefe del órgano de control al instalar la sesión de la Comisión Nacional Descentralizada y Ampliada del Ministerio Público, en Popayán, donde se evaluó la respuesta institucional para proteger a los firmantes de paz, a raíz de los hechos violentos registrados contra esta población en los últimos meses en ese departamento.  

La Procuradora General indicó que espera que el Gobierno Nacional atienda el llamado del Ministerio Público para salvaguardar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las víctimas y lo firmantes de paz.

Agregó que se requiere una intervención extraordinaria para la prevención y protección urgente en el Cauca, que sea liderada por las entidades del orden nacional, pues “no se puede permitir que, con el esfuerzo tan grande que ha realizado Colombia para superar el conflicto, se sigan afectando a las víctimas y a los firmantes de paz”.

Señaló que actualmente existen 36 alertas tempranas activas en el departamento y, según la Jurisdicción Especial para la Paz, la tasa de muertes de excombatientes en la región es más del doble que en el resto del país. Por esa razón, y considerando la suspensión del cese al fuego bilateral y temporal entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Gobierno Nacional en el Cauca, “es necesario que la respuesta institucional sea oportuna, contundente, sostenida y extraordinaria”.

Recalcó que, en los casi ocho años de implementación del Acuerdo Final de Paz, el Cauca ha encabezado la lista de homicidios a líderes y lideresas sociales, así como a personas defensoras de derechos humanos, con 302 víctimas, y a firmantes de paz, con 72 casos mortales.

Sobre los registros de hechos de afectación por el conflicto armado en el departamento, estos pasaron de 63 en 2017, a más de 560 en 2023, cifra que es similar en lo que llevamos de 2024, sumando homicidios, amenazas, atentados, desplazamientos y reclutamientos forzados.

Señaló que desde la Procuraduría y el Ministerio Público se continuará velando por un adecuado cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas, en aras de lograr una respuesta institucional contundente que permita contener la crisis humanitaria que vive el departamento del Cauca.

“Es momento de actuar, de brindar respuestas concretas que protejan a los más vulnerables y garanticen los derechos de las víctimas. Cada esfuerzo cuenta y juntos podemos transformar la realidad de esta región”, puntualizó la Procuradora General.

*Con información de Procuraduría General de la Nación